Roma - Silvio Berlusconi fue absuelto ayer de un delito de falsificación de balances, dentro del sumario All Iberian. La Segunda Sección Penal del Tribunal de Milán estimó que Berlusconi había falseado los balances de su holding familiar, Fininvest, para disponer de hasta mil millones de euros en negro destinados a efectuar pagos a jueces y partidos políticos y a operaciones financieras encubiertas. El tribunal estimó también, sin embargo, que la falsedad en documento público ya no constituía delito, debido a una ley aprobada por el Gobierno del propio Berlusconi en 2001, en cuanto alcanzó el poder.

La oposición política criticó de nuevo las "leyes a medida" aprobadas por la mayoría de centro-derecha para sacar a Berlusconi de sus apuros judiciales. "Por enésima vez, Berlusconi y los suyos se han beneficiado de una ley aprobada solamente para no tener que responder de sus delitos ante la Justicia", declaró Antonio di Pietro, ex fiscal de Manos Limpias y actual dirigente del mini partido Italia de los Valores. "La absolución es una indecencia, especialmente grave por el hecho de que, gracias a la ley que se hicieron a medida, la falsificación de balances no es ya delito para nadie. Berlusconi no es inocente, sino no condenable", añadió Di Pietro.


MIL MILLONES DE EUROS

El caso All Iberian se abrió en 1998, cuando, a raíz de otras investigaciones, se descubrió que Fininvest, cabeza del imperio empresarial de Berlusconi, había creado en diversos paraísos fiscales una serie de fondos que no se reflejaban en la contabilidad del holding. Uno de esos fondos, All Iberian, llegó a contener mil millones de euros, destinados entre 1989 y 1996, según los fiscales, a pagar a jueces y a financiar partidos políticos, como el PSI de Bettino Craxi.

En cuanto llegó al Gobierno, en 2001, Silvio Berlusconi impulsó una reforma de la ley de sociedades que redujo el plazo de prescripción para el delito de falsificación de balances y, sobre todo, dejó de considerarlo delito cuando no hubiera socios perjudicados. Era una ley a medida de Il Cavaliere, ya que en el accionariado de Fininvest sólo estaban el propio Berlusconi, sus familiares y sus colaboradores más cercanos, y nadie denunció haber sufrido daños por el hecho de que los balances ocultaran la realidad y privaran a la sociedad anónima de mil millones de euros.

La manipulación de la ley se efectuó sin demasiadas sutilezas, hasta el punto de que el presidente de la Comisión de Justicia que efectuó la reforma, Gaetano Pecorella, parlamentario de Forza Italia, era a la vez abogado defensor de Berlusconi. Pecorella se declaró ayer muy satisfecho con la sentencia absolutoria: "Nos lo esperábamos, porque ha sido aplicada una ley que dice que si la falsificación de balances no genera efectos nocivos de importancia no debe ser castigada. El tribunal se ha limitado a constatar la jurisdicción vigente".