Roma - La Cámara de los Diputados italiana aprobó ayer, de forma definitiva, la reforma constitucional dirigida a organizar el Estado en un sentido federalista y a dotar de mayores poderes al presidente del Gobierno. Aunque una docena de diputados centristas se abstuvieron, la mayoría gubernamental votó unida a favor de una reforma exigida por la Liga Norte y tolerada con dificultades por el resto de la coalición. La entrada en vigor quedó pendiente de referéndum.

El de ayer fue un fenómeno político-telúrico difícilmente concebible en otro país europeo: culminó años de polémicas, negociaciones y trámites parlamentarios y parió una reforma constitucional de gran calado destinada, según muchos observadores, a no entrar jamás en vigor. A falta de un último trámite en el Senado, correspondía a los italianos la aprobación en referéndum. Los sondeos dicen que si ese referéndum llegara a convocarse (cosa nada segura por el momento), el resultado sería un no tajante.

Silvio Berlusconi, que dedica mucho tiempo a estudiar las encuestas, conoce la inquietud que despierta la reforma federalista, sobre todo en el sur del país. Por eso renunció, hace ya tiempo, a convocar el referéndum dentro de la presente legislatura. Su nivel de popularidad ya es lo bastante bajo como para no agravarlo perdiendo un referéndum justo antes de las elecciones generales, previstas para el 9 de abril. La decisión de dar el empujón final a la reforma corresponderá al próximo Gobierno. Si ganara las elecciones el centro-izquierda, como parece posible, no habría referéndum y la ley de reforma quedaría en un cajón para siempre. Si Berlusconi repitiera mandato, la hipotética convocatoria dependería de muchas circunstancias.

Una parte de la reforma, la que incrementa los poderes del presidente del Gobierno, responde a la voluntad de reforzar el Ejecutivo y, sotto voce, es aceptada por buena parte del centroizquierda. Permitiría al presidente del Gobierno nombrar y despedir ministros (ahora nombra el presidente de la República y para echar a un ministro tiene que dimitir todo el Gabinete) y disolver las cámaras, aunque formalmente esta última potestad quedara en manos del jefe del Estado.

La otra parte, la estrictamente federalista, ha acabado siendo un embrollo inaplicable (sobre todo en la gestión de la Sanidad) y es rechazada por la mayoría de las regiones. La Liga Norte impuso el federalismo como condición para apoyar a Berlusconi durante toda la legislatura, y puede presentarse en primavera ante sus electores diciendo que ha alcanzado el objetivo. Si luego la Liga queda en la oposición y la iniciativa federal se deja morir, los lingüistas dispondrán de otro argumento para bramar contra Roma ladrona. En ese sentido, la reforma es una hábil jugada política.

Ahora Silvio Berlusconi quiere aprobar con urgencia otras dos reformas que sí entrarían en vigor con total seguridad y que forman parte de la panoplia de las leyes llamadas ad personam, las redactadas con el único objetivo de favorecer al propio Berlusconi. Una es la abolición de la llamada par condicio, la ley de 2000 que impone igualdad de oportunidades en la campaña electoral. La actual norma se traduce, en la práctica, en la obligatoriedad de equilibrar las presencias en televisión de los representantes de derecha e izquierda durante la campaña. Según Il Cavaliere, dueño de las televisiones, esa limitación le perjudica y hay que suprimirla. Por el momento no ha podido aún convencer a todos los partidos de su coalición.

La otra reforma es la del Código Penal, conocida como salva-Previti, porque está concebida para evitar que Cesare Previti, uno de los más directos colaboradores de Berlusconi, vaya a la cárcel por delitos financieros y cooperación con la Mafia siciliana. La salva-Previti acortaría el plazo de prescripción de los delitos atribuidos a Previti y de la mayoría de los delitos de cuello blanco.