Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo procesó ayer a 29 de las 116 personas que él mismo había imputado por su relación con los atentados de los trenes de la muerte cometidos el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Más de dos años después de iniciado el sumario, el juez ha redactado un auto de procesamiento gigantesco -1.460 folios- que es un resumen de los principales informes periciales y declaraciones de los imputados y testigos que figuran en la causa, y en el que ni siquiera existe un relato de hechos como tal.

El magistrado imputa los crímenes al terrorismo islamista, en concreto a "un apéndice de una red macroterrorista llamada Al Qaeda", lo vincula a la participación española en la guerra de Irak y no menciona a ETA más que de pasada y para señalar que la fuente que ofrece la información sobre la organización terrorista vasca, José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, tiene "nula consistencia".


DOS AUTORES MATERIALES

De los 29 procesados, el juez sólo considera a dos, islamistas, autores materiales de la colocación de bombas: Jamal Zougam, que además proporcionó los teléfonos móviles utilizados para activar las bombas, y Abdelmajid Bouchar, el Gamo, el terrorista que el 3 de abril de 2004 se dio cuenta de la presencia de la policía cuando iba a bajar la basura en el piso de Leganés donde se suicidaron sus siete compañeros y huyó.

El juez les imputa 191 asesinatos terroristas consumados, 1.755 asesinatos en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos. La pena que podría corresponderles por esos delitos supera los 32.000 años de prisión para cada uno, pero por aplicación del Código Penal, en caso de ser condenados, no cumplirán más de 40 años de cárcel.

Además, el magistrado ha procesado también como autor de los atentados de los trenes pero como cooperador necesario al ex minero Emilio Suárez Trashorras, que proporcionó los explosivos a cambio de droga. La pena que podría corresponderle sería previsiblemente superior a los 32.000 años de prisión puesto que además de las víctimas de los trenes, a Trashorras se le imputan un total de 11 delitos, entre los que figuran la muerte del geo Francisco Javier Torronteras, y los asesinatos frustrados de sus 18 compañeros.

Igualmente, Del Olmo ha procesado como jefe o miembro de organización terrorista en relación con los delitos cometidos en los atentados a Hassan el Haski, Youssef Belhadj y Rabei Osman, Mohamed el Egipcio. El juez no ha procesado a los siete suicidas de Leganés, porque al estar muertos no tienen responsabilidad penal. El juez no ha procesado a otros presuntos autores materiales que se encuentran huidos, como Daoud Ouhnane, Mohamed Afalah, Mohamed Belhadj y Said Berraj aunque curiosamente en el auto se mencionan los indicios que existen contra ellos. Tampoco se procesa a Moutaz Almallah Dabas, hermano de otro de los procesados Mouhannah Allmallah Dabas, supuesto jefe espiritual del grupo, que está detenido en Londres y cuya extradición se solicitó al Reino Unido.

El auto de procesamiento sólo imputa a Basel Ghalyoun y a Otman el Gnaoui por delitos de integración y colaboración con organización terrorista y otros delitos menores, respectivamente, a pesar de los indicios existentes contra ellos. Ghalyoun fue reconocido en los trenes por dos testigos y Rabei Osman, Mohamed el Egipcio, le menciona como uno de los autores de los atentados. Gnaoui, por el contrario, dejó su ADN en ropas utilizadas por los suicidas, estuvo en la finca de Chinchón donde se ensamblaron las bombas y su móvil le delató como uno de los que había ido a Burgos a recoger los explosivos que Jamal Ahmidan, el Chino, jefe operativo del grupo, traía desde Asturias. El juez, sin embargo, no aprecia que los indicios son suficientes para procesarles por delitos más graves. Ghalyoun fue identificado fotográficamente y en un vídeo por una testigo protegido, pero luego en una rueda de reconocimiento judicial la testigo no lo identificó. El juez hace constar que Ghalyoun pudo cambiar sus rasgos físicos para "no limitar el control de las diligencias de investigación ni por parte de la acusación ni de la defensa".

Del Olmo ha confirmado las prisiones de todos los acusados aunque para cuatro de ellos, tres españoles y un marroquí, ha impuesto distintas fianzas de manera que puedan eludir la prisión preventiva. En concreto, Emilio Llano, al que ha impuesto 25.000 euros; Raúl González, de 35.000 euros; Antonio Toro, de 50.000 euros, y Mahmoud Slimane Aoun, también de 50.000 euros. Llano y González habían depositado la fianza a media tarde, por lo que fueron puestos en libertad.

En total, el juez ha procesado a nueve de los imputados por pertenencia a banda terrorista y a otros doce por colaboración con organización terrorista. Los españoles, la llamada trama asturiana de los explosivos, están procesados en su inmensa mayoría por delito de tráfico, transporte o suministro de sustancias explosivas.

La investigación sigue abierta, pero mientras tanto, el juez ha exigido 445.023.613 euros a los presuntos autores materiales Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchar y José Emilio Suárez Trashorras para hacer frente a las indemnizaciones que puedan declararse para las víctimas de los atentados. Además, a Trashorras el juez le reclama otros 8.387.451 euros por las responsabilidades que pudieran declararse por el atentado contra los GEO. El juez ha citado a los procesados para los días 16, 17 y 18 de mayo para tomarles declaración indagatoria, es decir, para que digan si están conformes con el auto.

Respecto a los 85 imputados a los que el juez no ha incluido en el auto de procesamiento, varios de ellos serán juzgados en otras instancias por delitos que no son competencia de la Audiencia Nacional, pero para la mayoría el juez ha levantado las medidas cautelares -presentaciones en el juzgado y prohibición de salir de España- que les había impuesto.


"RED MACROTERRORISTA"

En los fundamentos jurídicos, Del Olmo destaca que "la finalidad perseguida por el grupo conformado en España (...) es la misma que busca de manera incesante Al Qaeda. No se trata de pervertir el orden democratico-constitucional de España, se pretende desestabilizar el orden mundial, practicando un terrorismo mucho más atroz del que estamos tristemente acostumbrados en nuestro país, en aras a conseguir imponer a todos una religión y una forma de vida, con desprecio absoluto a los más elementales principios humanos".

"Eso persigue Al Qaeda y en eso estaban dispuestos a coadyuvar los procesados, que constituían en realidad, ni más ni menos, que uno de los miles de tentáculos que esa red tiene dispersos por muchos puntos del planeta". "Podemos decir alto y claro", precisa el auto, "que nos hemos encontrado ante un apéndice de una red macroterrorista llamada Al Qaeda, carente por completo de organización, que emite órdenes asesinas para los que quieran cumplirlas. Pero ese apéndice constituye en sí mismo una organización terrorista asentada en nuestro país".

El juez hace una mención especial a que integrantes de la célula española de Al Qaeda que dirigía Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, como Said Berraj, Said el Mensajero, o Mohamed Belhadj estuvieran implicados en el 11-M.